Marlene Núñez Ramírez
El hecho de que el Frente Amplio exponga que sus parlamentarios no votaron en favor de promulgar la Ley Naín Retamal, no le exculpa de la responsabilidad de que esta ley exista y esté siendo aplicada en los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el contexto del levantamiento popular de octubre de 2019, porque el Presidente de la República es militante del Frente Amplio; y con esta ley, él y su gobierno se han involucrado criminalmente como colaboradores del amparo a la impunidad de un Estado violador de DDHH, como es el estado chileno, que a pesar de que cumple con una estructura democrática, ésta no evita que de hecho y cada vez que el poder establecido lo considere necesario, se sigan aplicando prácticas abusivas para el control de la población civil, costumbre asentada desde los inicios de la República, pero hoy heredadas desde el régimen dictatorial impuesto desde hace 52 años, por los golpistas civiles y militares, incluida la policía uniformada; con la excusa de resguardar el orden público del estado neoliberal impuesto y que se sigue afianzando progresivamente desde el aparente regreso de la democracia.
Talvez lo que están sincerando algunos parlamentarios del FA, al intentar zafar de su responsabilidad, por haber votado en contra de la aprobación de la Ley Naín Retamal, sea que el Presidente Gabriel Boric no gobernó de acuerdo a los principios frenteamplistas y que el gobierno de este Presidente fue un gobierno personal afiatado o sometido a las ideas de la Ex Concertación y Nueva Mayoría, más que a las ideas del FA, como después de todo, lo demuestran los hechos, que dan asco, porque el Frente Amplio proponía superar el neoliberalismo y no seguir administrándolo.
El personalismo de Gabriel Boric Font lo debieron entender desde que firmó el Acuerdo Por La Paz y La Nueva Constitución, individualmente, como Diputado de la República; cuando este Acuerdo fue de partidos políticos (ilegítimamente por cierto, porque los electores no votan por partidos y, estos en su conjunto, cuentan con un ínfimo número de militantes) y que por lo mismo, firmaron los presidentes de esos partidos, que “casualmente”, resultaron ser los partidos administradores del modelo neoliberal, generador de desigualdades sociales inaceptables.
Convergencia Social (partido en el que militaba el diputado Boric) y los partidos del FA (en ese momento el Frente Amplio era una coalición de partidos) no firmaron ese acuerdo, que además de darle estabilidad al Gobierno de Sebastián Piñera, le quitó el poder soberano a la gente que se manifestaba exigiendo un cambio estructural en la manera de vivir, cambio en el que quería participar activamente esta ola impulsora.
El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución provocó un quiebre no solamente en Convergencia Social, sino también en todo el Frente Amplio, cuya expresión fue una salida masiva de militantes de sus partidos y de los independientes o no militantes de partidos, que acompañaban el ideario frenteamplista.
Con la firma de este espurio acuerdo, Gabriel Boric sacudió al FA “del rojerío” inconveniente para acceder al poder. Y al parecer eso facilitó también su llegada al gobierno, como Presidente.
Es evidente que la Ley Naín Retamal se hizo para profundizar la impunidad de los agentes del estado, cuando actúen fuera de la ley y por lo tanto violando los derechos humanos de la población civil, sobre todo en los contextos de protesta social. La protesta sigue siendo un derecho en Chile, pero es un derecho con muchos obstáculos a la hora de ejercerlo con propiedad. Esta ley, definitivamente vuelve peligroso el uso de ese derecho, porque expone demasiado a quien proteste, al ánimo ideológico de las fuerzas de orden que sabiéndose impunes sin importar lo que hagan, incluso asesinar; sin duda podrán actuar con la brutalidad ciega del ex paco Claudio Crespo.
Y la criminalización de quien se oponga a lo establecido institucionalmente, ya no solamente está en el relato oficialista reforzado por los medios de comunicación hegemónicos, brazos activos del poder económico dominante; está sellada además con la impunidad para los agentes del Estado, que esta ley otorga.
Gabriel Boric y su Gobierno sabían lo que hacían y estuvieron plenamente de acuerdo en promulgar la Ley Naín Retamal, a pesar de las múltiples advertencias de los entendidos en DDHH. La ley fue levantada por parlamentarios de derecha, obviamente, pero el Ejecutivo fue quien le dio urgencia.
Uno de los problemas de fondo con los agentes del estado, es que Claudio Crespo y en general, las personas como él, que rayan en la psicopatía, son seleccionados con agrado, favorecidos e incluso premiados por las instituciones armadas y de orden, sobre todo en las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, porque éstos son tipos convencidos de que el civil que exige sus derechos, es el enemigo interno que hay que combatir, sobretodo si protesta contra el régimen establecido luego del golpe civil militar más sangriento y feroz de toda nuestra historia republicana, ocurrido en 1973, cuyos efectos perduran casi intactos, desde hace medio siglo; porque el poder económico nacional y transnacional escondido detrás de nuestra oligarquía y detrás del imperialismo estadounidense, que hicieron posible esta barbárica transgresión a la democracia chilena, siguen interviniendo en cada bastión institucional de nuestro país, como también en las comunicaciones, la entrega de información y hasta en la educación y la cultura de las nuevas generaciones.
Las leyes represivas, son consecuencia de un Estado violador de Derechos Humanos que no solamente actúa a través de sus instituciones armadas y de orden, sino también a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, a través de los medios de comunicación hegemónicos, que se usan para mantener el relato cultural adecuado para justificar esta violencia estatal.
En los casos como el de Gustavo Gatica, los medios de comunicación instrumentalizados, mueven a la opinión pública a concentrarse en lo puntual, expresando su rabia contra el victimario, el ex uniformado Claudio Crespo (la manzana podrida) y, no en el problema esencial, eterno en nuestro país como es la permanencia de un estado represor que protege a sus brazos armados y a su policía militarizada porque están creados para proteger lo establecido por los poderes fácticos, aún a costa de violaciones de los Derechos Humanos, que son evidentemente permitidos de hecho, porque de lo contrario no se generarían leyes cuya aplicación significa abierta impunidad para los victimarios.
El apuro en la tramitación y en la aplicación retroactiva de la ley Naín Retamal (que hace posible su uso en los casos de violaciones a los DDHH durante la Revuelta de 2019) es sin duda responsabilidad del Gobierno actual. Fue el Ejecutivo quien le dio prioridad. Y para colmo, Gabriel Boric Font firmó mañosamente su promulgación, en un tiempo record, literalmente de la noche a la mañana, para evitar la iniciativa parlamentaria de llevarla al Tribunal Constitucional. Quedaba ese recurso sin duda viable para detener su proceso.
No se explica la estrategia de tanta aceleración de este Ejecutivo, más que en la complicidad de seguir escondiendo e impulsando las violaciones de Derechos Humanos, con el método de la impunidad para los agentes del estado, que difícilmente responderán por sus crímenes, gracias a la protección que les regala esta ley; parte del paquete de leyes reaccionarias a la expresión popular, que este gobierno se ha endosado.