Autor: Moisés Escobar Bahamondes
Abogado, Magister en Gobierno y Gestión Pública y en Tributación Nacional, Doctorando en Ciencias Sociales.
La política como organización de la acción colectiva conscientemente reproductora y transformadora del medio social necesariamente se presenta en lo inmediato para el pueblo, para la clase trabajadora, como contradicción u oposición entre reforma y revolución. Asimismo, el tipo y alcance de la política realmente efectiva se nos plantea en los hechos como directamente determinada por el poder relativo del sujeto político en cuestión. No puede hacer lo mismo una fuerza política al alcanzar alguna concejalía que la alcaldía, o una diputación que el gobierno. Sin ánimos de agotar tal exquisita discusión, necesaria para organizar la acción con conocimiento de causa, sostengo la idea que la actividad política de la clase trabajadora puede realizar alguno de sus objetivos o fines más mediatos, más de largo plazo, aún en su forma fragmentaria de organizar esta misma acción, y en su forma legal vigente.
La acción que señalamos viene a ser la lucha de clases cuya intensidad y extensión fuerza aceleradamente la centralización del capital residente en cada espacio nacional, y la mayor productividad o fuerza productiva del trabajo aplicado y consumido en el proceso. La lucha de clases, en sus diversas formas (sindicatos, huelga, negociación colectiva, contrato colectivo, partidos de clase, movilización popular de masas, movimientos sociales, literatura y educación), es el modo como la clase trabajadora, sobre la base de su mutua competencia como productores-vendedores privados de fuerza de trabajo, la superan oponiéndola a su contraparte contractual, el capitalista, empleador o patrón, para así conseguir vender esta potencia laboriosa al menos por su valor, por el coste de reposición de la individualidad corpórea y consciente gastada en un proceso que es de y para otro sujeto privado. La centralización es una tendencia del desarrollo del capital para producir plusvalor relativo, y consiste en que la cada vez mayor producción social es abocada en menos unidades privadas del trabajo total social. La lucha de clases acentúa la tendencia a centralizarse el capital, pues eleva la escala necesaria para competir como capital medio en funciones. De hecho, en el siglo XX algunos Estados centralizaron directamente la producción residente, o al menos porciones estimables suyas, lo que muchas veces se organizó bajo programas, liderazgos y banderas socialistas o comunistas, expresiones entonces propias de la clase trabajadora.
El desarrollo del capital es tanto la centralización del trabajo del trabajador individual en una privada organización del trabajo del conjunto colectivo de trabajadores, así como la centralización de las unidades privadas del trabajo en una organización colectiva progresivamente más amplia y socializada del trabajo conjunto.
La actividad política de la clase trabajadora está abocada, aun en su faz reformista, en incrementar el empleo, la participación femenina en el trabajo en igualdad de derechos, los descansos, las vacaciones, los contratos de trabajo escritos, legales y formales, los impuestos abocados a sostener el gasto social, y los salarios, en disminuir la jornada y el desgaste intensivo en el proceso de trabajo de la individualidad corpórea de los trabajadores, y en abolir formas de trabajo infantil, el trabajo informal sin contrato, bajo o sobre los mínimos o máximos legales, y el trabajo de sobrevivencia de los jubilados. La realización aún que sea de un programa reformista, requiere de cambios en el modo de producir que desarrollen su contenido, la socialización del trabajo privado.
Claramente hoy en el momento actual estamos años luz de aquellas experiencias, para bien o para mal. Sin embargo, la tendencia a la centralización prosigue su curso, ahora desplegada sobre los límites de los estados nación, como capital mundializado, como empresa trasnacional. Chile no ha sido la excepción, al contrario, experimentó dramáticos cambios en los años 70 y 80 que revelaron desde tan lejanas latitudes lo que devendría en tendencia global ya en los 90. Estos cambios pueden resumirse en que, de vender al mundo cerca de 80% de nuestras exportaciones en cobre pasamos a vender 50%, asimismo, pasamos de vender 1,8 millones de toneladas de cobre a 5 millones, de 80% de producción estatal de cobre a 30%, todo ello hecho bajo la forma de privatizaciones, devaluaciones, ajustes al empleo y el salario, y nuevas normas legales que promovían la inversión privada extranjera y el poder de la patronal.
Pero más allá de los cambios ciertamente reales y gravitantes, se preserva la especificidad nacional centenaria de sostener su relación comercial con el resto del mundo en vender mercancías producidas en condiciones naturales necesarias y productivas, mas no reproducibles en cuanto tales por el trabajo humano, como es la mina de cobre, el fiordo templado frío en que se instala una jaula de piscicultura, la corriente de Humboldt que cobija fauna marina depredada industrialmente, los suelos con clima mediterráneo en que florecen cepas de vid y otras frutas, o los mismos situados en zonas con humedad y capacidad de sostener flora arbórea industrial con que abastecer de materia prima aserraderos y plantas de celulosa. Actividades todas que portan en sus productos ganancias extraordinarias, sobre la media del mercado o la industria y el comercio en general, que por estar determinadas por el monopolio sobre condiciones naturales constituye renta de la tierra.
Esta determinación general aboca buena parte de la masa de capital nacional y extranjero invertirse en el país sobre dichas ramas, asimismo al haber balanza comercial positiva promovida por la existencia de la renta, el flujo extraordinario de divisas ingresado al país la abarata en el mercado cambiario, con lo que se abarata relativamente la importación, pero ello también acontece relativamente a la exportación, cuyos ingresos en dólares cambiados por pesos refleja una menor cantidad de mercancías, un menor valor, frente a la opción de mantenerlos sin cambio como tales divisas. Lo anterior torna virtualmente imposible que el país bajo semejantes condiciones pueda producir competitivamente, para el mercado exterior o al menos para el interno, algo otro que no sean mercancías portadoras de renta de la tierra, y los innumerables servicios (comercio, crédito, transporte, telecomunicaciones, educación, salud, previsión, construcción) que afloran gracias al mayor ingreso disponible en la demanda de consumo obrero que obtiene transables importados relativamente abaratados o al menos apalancado con crédito, asimismo, la clase trabajadora se emplea mayoritariamente en tales ramas intransables, en que son pagados mayoritariamente por bajo el valor de la fuerza de trabajo, ya sea en capitales concentrados en crédito y comercio, o en la pléyade de pequeños capitales proveedores, transportistas y contratistas.
La clase trabajadora puede avanzar en su lucha económico sindical o social, así como en la lucha política partidaria y de masas, puede avanzar en la consecución de sus objetivos en la medida que, como hemos dicho ya, organice su acción con conocimiento de causa. Pero ello ¿qué nos significa hoy? Ciertamente puede barajarse como opción, que necesariamente conlleva también el estudio por cada cual de sus propias determinaciones y del medio en que viven, pero asimismo, necesariamente práctico, con aptitud de afrontar problemáticas actuales concretas y reales, de carne y hueso, brindando respuestas que sean efectivas y eficaces para continuar el avance sobre bases sólidas.
Asimismo, el municipio como personificación del capital total social localizado en la comuna, sostenido por la actividad y discusión política de las clases modernas de la sociedad domiciliadas en la comuna organizadas en partidos, viene a ser una porción restringida del plusvalor vía impuestos apropiado por este conjunto a la acumulación y el rédito de los capitalistas, la renta de los terratenientes y el salario de los trabajadores, porción restringida además por las decisiones presupuestarias, administración de bienes nacionales y la estructura más centralizada o descentralizada del fisco.
La administración de un restringido presupuesto para atender y satisfacer las necesidades social y humanamente más relevantes del conjunto más amplio de habitantes de la comuna nos pone ante el imperativo de darle una forma eficaz, eficiente y pragmática a nuestra actividad política organizada. Al mismo tiempo, ambas necesidades (del sujeto administrador, del municipio y del sujeto administrado, de los habitantes de la comuna) sólo podrán realizarse si el valor de uso producido logra el mayor grado de utilidad (en número de beneficiarios directos e indirectos, en valor de nuevos ingresos) relativo al valor de cambio cuyo menor gasto (en número de perjudicados directos e indirectos, en valor de ahorro de gastos) permite afirmar una mayor eficiencia en el gasto y una mayor eficacia en la política, o lo que es lo mismo, la productividad de valor social en el gasto y creación de recursos materiales, inmateriales, personales y pecuniarios.
Aún sin mayor poder institucional, más que un municipio, una corriente o partido puede promover, desde la misma legalidad vigente, medidas que contribuyan efectivamente, aunque en la pequeña escala comunal, en la mejoría de la calidad de vida de las mayorías trabajadoras, desde iniciativas que formalmente fundadas aún en la institucionalidad vigente puedan avanzar aunque sea parcial y sectorialmente en ampliar la escala del capital aplicado, aunque sea en su dimensión operacional.
La Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios n°19.886 dispone en los últimos incisos de su artículo 4 que las entidades licitantes (p.ej. Municipios, SERVIU) podrán establecer en las bases de licitación respecto de la empresa adjudicataria la obligación de constituir una sociedad de nacionalidad chilena con la cual celebrará el contrato y cuyo objeto comprende su ejecución legal.
Si bien la figura señalada puede empelarse para celebrar y ejecutar el contrato con una entidad extranjera -para lo cual también puede según la misma disposición constituir un mandato con poder suficiente-, es además una opción respecto a contrapartes nacionales, en la medida que el objeto del contrato sea la adquisición de bienes o la prestación de servicios que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de forma sucesiva en el tiempo, especialmente aquellos que adjudican a más de una empresa una misma clase o especie de suministro o que ejecutan un mismo proyecto. La necesidad de sostener comunicaciones y pagos de forma centralizada, proba y transparente entre la entidad licitante y las empresas adjudicatarias puede contribuir en realizarse bajo la forma de una sociedad de proyecto, en que las empresas adjudicatarias mantienen su independencia privada jurídico patrimonial, sin embargo, contractualmente organizadas por la administración como unidad para los efectos de la operación de la obra o la ejecución del proyecto o suministro.
Impulsar esta modalidad de contratación puede racionalizar y tornar más eficiente el gasto fiscal abocado, los contratos pueden estipularse respecto a servicios de mayor escala en menor tiempo, o sobre más suministros de una misma especie. De proyectar pavimentar una avenida en 9 años dividida en 3 distintos proyectos paralelos o sucesivos adjudicados a distintas empresas titulares de cada proyecto, a proyectarse pavimentar en 4 años concentrado en un único gran proyecto adjudicado a estas mismas empresas, pero ahora bajo centralización operativa societaria, de modo que se vean en la necesidad imperativa de cooperar, dividir funcionalmente el trabajo de acuerdo con los medios y capacidades de cada empresa parte.
Cabe señalar no solo las ventajas adquiridas en el orden de las cuentas fiscales y el presupuesto, así como la transparencia en el uso de los recursos públicos, que serán más o menos inmediatas en la medida que la mayor escala de la operación economice costos e incremente la productividad, sino además permitirá al conjunto de empresas que se desempeñan en la provisión de suministros o prestación de servicios a la administración centralizada y descentralizada del Estado, desarrollar aprendizaje de nuevas capacidades o mejora de las mismas, en la práctica de colaborar entre distintos equipos de trabajo, entre distintas empresas como conjunto en una obra común, socializando “know-how” al interior de cada sociedad de contrato y para la misma entidad licitante, con lo cual empresas de menor tamaño pueden vincularse a empresas de mayor tamaño sin necesariamente ser adquiridas por ellas ni subsumidas contractualmente bajo la forma del subcontrato, sino temporalmente, como conjunto, integrar entre sí una sociedad de contrato o proyecto. Por cierto, si tras la correcta ejecución del proyecto las adjudicatarias lo estiman óptimo, pueden darle continuidad a la sociedad de contrato o proyecto, con lo cual la centralización operativa societaria temporal deviene en centralización societaria permanente, lo que contribuye en incrementar de forma más permanente la productividad del trabajo por ella abocado.
Los trabajadores empleados por las empresas, especialmente de las de menor tamaño, se verán favorecidos pues desplegarán su trabajo con equipos de otras empresas de mayor tamaño o mayor experticia, requerirán la debida capacitación, y sus salarios podrán ser más elevados que la media actual en la medida que la unidad productiva que soporte su gasto laboral es centralizada, sostenible y ampliada, a diferencia de la figura actual predominantemente precaria especialmente en las empresas de menor tamaño y las relaciones de subcontratación. Por cierto, la mayor concentración de trabajadores en una misma unidad, aunque sea temporal, les permitirá negociar colectivamente en un plano de relativa igualdad con sus respectivas contrapartes, lo que contribuye a una mayor tasa de sindicalización y cobertura por instrumentos colectivos especialmente entre aquellos trabajadores “menos cualificados” empleados por Pymes.
De este modo, podemos ver que en la legislación actual vigente existen medios al alcance de los gobiernos locales e incluso nacional, para racionalizar el gasto público abocado en capitales proveedores de suministros o prestadores de servicios, para desarrollar el tamaño de las empresas y la productividad del trabajo, así como elevar empleos y salarios.