Autora, Marlene Nuñez Ramírez.
Descripción de lo sucedido
Entre 6 horas y más, según las distintas regiones del país, se extendió el corte de energía eléctrica registrado desde las 15:16 del martes 25 de febrero, producido por la desconexión de una de las tres líneas del sistema de transmisión que se desconectó por la activación indeseada de sus sistemas de seguridad, es decir, el esquema de protección operó sin la existencia de una falla real en la línea, según el informe de la propia empresa, ISA Interchile, que descarta atentados, incendios o explosiones de equipos dentro de sus instalaciones y que se adelanta a comunicar también, que tiene que avanzar en las investigaciones para aclarar por qué se dio esta situación y poder evitarla en el futuro.
El sistema que falló es la Línea de Transmisión Eléctrica a doble circuito denominada Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, ubicada en el Norte Chico, entre Vallenar y Coquimbo y el corte de energía eléctrica afectó desde Arica hasta la Región de Los Lagos en nuestro país. Se trata de sistemas electrónicos y de software intercomunicados de extremo a extremo por fibra óptica, en un rango aproximado de 200 kilómetros y, que son cruciales para el correcto funcionamiento de la línea de transmisión eléctrica, previniendo una falla de larga duración y de mayor proporción.
La primera responsable de este apagón generalizado en el 98% del territorio chileno, es entonces la empresa colombiana ISA Interchile, desde donde reconocieron el fallo y como ya se adelantó, lo identificaron como un mal funcionamiento en sus sistemas de protección de líneas que provocaron la desconexión de una de ellas, que transportaba el equivalente al 25% de la demanda de energía de la zona centro sur, provocando un efecto en cadena en el resto del sistema y terminando en un apagón total.
Pero desde ISA Interchile dicen públicamente que solucionaron el problema de desconexión en menos de una hora, habilitándolo a las 16 horas, luego de 44 minutos después del corte, lo que querría decir que la larga tardanza en la reposición de la energía eléctrica que tuvimos que soportar los usuarios, con todas las implicancias que ello tuvo y tiene, ampliaría las responsabilidades alcanzando al resto de las empresas que distribuyen el servicio dentro del país.
Las regiones de Aysén y Magallanes fueron las únicas que no fueron afectadas, porque sus redes eléctricas funcionan de manera independiente, debido a que las condiciones geográficas de Chile no permiten la continuidad de la transmisión eléctrica hacia esas regiones.
Antecedentes del servicio eléctrico privatizado
En nuestro país se privatizó el servicio eléctrico a partir de la dictadura de Pinochet, dejando al Estado en un rol regulador, fiscalizador y subsidiario. Este servicio privado de energía eléctrica, contratado por el Estado de Chile, se divide en la generación de ella, en su transmisión y en su distribución.
Desde 2017 el sistema eléctrico chileno se organizó en tres sistemas de interconexión. El más importante porque suministra energía al 98% de la población, es el llamado SEN, Sistema Eléctrico Nacional que fue el que falló la tarde del martes 25 de febrero. Los otros dos sistemas son el de Aysén (SEA, Sistema Eléctrico de Aysén) y el de Magallanes (SEM, Sistema Eléctrico de Magallanes).
No es el primer apagón generalizado en nuestro país, luego de que el servicio eléctrico se dejara a cargo de empresas privadas, las que como es natural, se encargan de proporcionar este servicio a cambio de utilidades rentables, por lo que es muy importante la debida fiscalización por parte del Estado de Chile, respecto de la mantención técnica de sus sistemas y del servicio en general.
El último apagón generalizado se registró en 2011, pero allí el suministro comenzó a reponerse antes de una hora. Así es que, aparte de la inconveniencia eventual de que casi todo el país se paralice esporádicamente por la falta de servicio eléctrico, esta vez sucedió que tardó mucho más tiempo en recuperarse, agravándose más la situación.
Todo el asunto, el por qué del corte y la tardanza en volver a tener el servicio eléctrico, se tendrá que aclarar con la investigación fiscalizadora correspondiente, tarea de las autoridades competentes.
Cuestionamiento a las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno
Por otro lado, se mediatiza que el apagón “obligó al Gobierno del Presidente Boric” a definir la situación como catástrofe nacional y por lo tanto a decretar Estado de Excepción, con toque de queda nocturno desde las 22 horas del día martes 25, hasta las 6 horas del día miércoles 26 de febrero, lo que llamativamente fue aceptado sin cuestionamientos por la masiva parte de la población que está atrapada en la telaraña mediática que mantiene vivo el tema de la inseguridad en el país, aumentando la percepción de la criminalidad a pesar de que las estadísticas estén diciendo algo distinto, sin cifras disparadas.
A pesar de la distorsión social ante el manejo político del tema de la seguridad ¿Por qué se toman medidas drásticas de control social con tanta ligereza, cuando lo urgente era averiguar lo sucedido emplazando a ISA Interchile y al resto de los posibles involucrados?
Definir catástrofe nacional para usar los protocolos de Estado de Excepción ante la falta de energía eléctrica es una cosa, pero el toque de queda es otra bastante distinta. Resulta que al parecer se sigue desconfiando de la población chilena más que de la empresa privada ¿Se temió una reacción popular negativa para el orden público o se quiso proteger a los responsables del servicio?
El Presidente Gabriel Boric culpa de lo sucedido al sector privado que maneja la electricidad en el país, pero su accionar no pasa de expresar indignación y de decir lo obvio, que no es tolerable que por responsabilidad de una o de varias empresas, se afecte la vida cotidiana de millones de personas, lo que es cierto, pero también es cierto que el Estado representado por cada Gobierno, tiene que fiscalizar.
Cuestionamiento a la inacción política del evento catastrófico
¿Por qué no se aprovecha la gravedad de esta catástrofe nacional para poner en evidencia al estado de derecho de unos pocos, impuesto constitucionalmente a todos en dictadura, obligándonos a aceptar que los privados se encarguen de capitalizar con todo, incluidos los derechos sociales y los servicios vitales; sin que el Estado tenga herramientas potentes para fiscalizar y que además no pueda encargarse por sí mismo de deberes sociales tan fundamentales en cuya solución no debería haber lucro involucrado?
Tener un servicio como el eléctrico, esencialmente monopólico, contratado en manos privadas donde la fiscalización o la sanción a estas empresas transnacionales, es casi imposible de realizar sin que el Estado salga trasquilado y tenga además que responder indemnizándolas luego de fallos generalmente adversos cuando ellas recurren a defenderse en tribunales internacionales; debido a su resguardo conseguido con la firma de tratados de libre comercio abusivos, que las máximas autoridades políticas del país han aceptado, es un asunto a resolver pero del que ningún incumbente se hace cargo.
La misma ISA Interterchile demandó hace unos años al Estado de Chile ante el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por haberle cobrado una multa. El Estado chileno tuvo que devolver el monto de la multa cobrada, con intereses. (Un saldo de 21 millones de dólares).
El TPP11 por ejemplo, por nombrar un tratado que firmó el mismo Presidente Boric, cuando antes de estar en su actual cargo político, se oponía abiertamente a que Chile se adhiriera a este tratado, que indudablemente es nefasto en lo que concierne a la protección bizarra de las empresas que prestan este tipo de servicios monopólicos que involucran necesidades fundamentales, en el que calza el servicio de energía eléctrica.
A los usuarios del servicio
¿Cómo es posible que el fallo en un punto del sistema eléctrico, deje sin energía a casi todo el país por alrededor de 6 y más horas y, con una excusa tan inverosímil?
Cuando el Estado de Chile contrató el servicio de esta empresa y de las demás ¿se tomó conciencia de esta posibilidad de eventualmente dejar tan vulnerada la vida cotidiana en nuestro país y de si efectivamente se podría realizar la debida fiscalización?
¿Están las empresas involucradas haciendo la debida mantención de sus servicios? ¿Está el Estado fiscalizando?
Al principio y a propósito de pura especulación, se barajó mediáticamente la posibilidad de un atentado ¿Se hizo esto para tomar la medida del Estado de Excepción con toque de queda?
Al cliente, que es como ve a las personas este orden de cosas mercantil, le pueden surgir muchas preguntas coherentes, pero sabemos que hay poca esperanza de respuestas honestas.
Si hay algo de bueno en lo sucedido, es la posibilidad de darse cuenta de las tremendas consecuencias de la dependencia energética monopólica, que en este caso es casi imposible evitarla en el entorno en que vivimos, pero por lo mismo se puede ver claramente la necesidad que hay de exigir nuestros derechos como consumidores del servicio, ante las empresas que lo venden y ante el Estado que las contrata.
Pero, así como el Estado parece no tener la fuerza fiscalizadora o, parece no querer molestar a las empresas ejerciendo su poder, tampoco nosotros tenemos un modo efectivo de exigir nuestros derechos como consumidores ante las partes involucradas, dado el actual orden establecido, que no fue nuestra decisión (nunca lo ha sido pero la última vez se impuso luego de derrocar a un Gobierno popular, reemplazándolo con la peor de las dictaduras de la historia nacional); por lo que se hace necesario visualizar cómo quebramos este esquema para empezar a vivir en otro más amable y nuestro. Hacer nada al respecto, es seguir tolerando consecuencias cada vez mayores como este increíble apagón total, que sí deja verdaderamente expuesta nuestra seguridad nacional.