Autora: Marlene Núñez Ramírez
El jueves 10 de abril un niño de 12 años, Mylan Liempi y una joven de 18, Martina Pérez, fallecen atropellados por un carro lanza gases en las afueras del Estadio Monumental en Santiago de Chile, en la previa al partido de Copa Libertadores que jugarían Colo Colo y el Fortaleza de Brasil.
En primera instancia Carabineros culpa de la muerte de las víctimas a una avalancha de personas que botaron una reja. Los fallecidos habrían quedado aplastados bajo ella antes de que el carro lanza gases les pasara por encima.
Pero testigos civiles del hecho, denuncian que un carro lanza gases fue quien les atropelló, sin piedad, en el contexto de los desórdenes en que una turba de jóvenes se mezcló con quienes hacían la fila para entrar al estadio. Según el guardia que presenció la tragedia, los fallecidos podrían haber sido público que portaba la entrada.
La prensa hegemónica informa de ambas versiones, la de Carabineros y la de los testigos civiles, diciendo que la investigación judicial deberá aclarar los hechos. Sin embargo Bíobío Chile, cuenta que las primeras indagatorias informan que los fallecidos no tenían entradas para ese partido y se investiga si fueron parte de quienes intentaron entrar sin pagar.
En definitiva, la discusión pública generada desde los medios de comunicación hegemónicos ha sido por un lado mantener la credibilidad de la versión de Carabineros hasta que los hechos se comprueben judicialmente y por otro lado, en el caso de que el conductor del carro lanza gases sea responsable de la acción criminal del atropello, se ha intentado bajarle o no el perfil a este hecho, dependiendo de si las víctimas portaban o no el ticket de entrada. O sea de acuerdo a este parámetro, determinar qué tan víctimas son los fallecidos.
Por otro lado, hay medios de comunicación incluidas redes sociales afines, que decidieron ensuciar la imagen del niño muerto y de la joven, tanto como han podido. Quienes vivimos en este país, sabemos muy bien que si las víctimas fuesen de un “barrio alto”, socialmente respetable, la actitud de la prensa no estaría centrada en desacreditar la imagen social de las víctimas para quitarle el perfil a la criminalidad de la policía uniformada, como parece ser la intención. Por el contrario, habría un serio y sano interés en aclarar la situación y la normal actitud de aclarar las responsabilidades correspondientes.
Un punto necesario de acotar, es que estas responsabilidades pueden extenderse bastante más allá de la hebra más delgada, que es la de quien manejaba el carro lanza gases (¿Le habrán hecho el test de alcohol o el de drogas?).
Se dice que la avalancha de barristas para entrar sin pagar, estaba planeada desde antes del día del partido, así lo acusarían las redes sociales que se usaron para esa concertación ¿Habrá sido por eso que el estadio fue resguardado por Fuerzas Especiales de Carabineros? ¿Estaban por lo mismo éstas, listas para el choque, esperando a los barristas?
Es importante aclarar esta situación, porque de ser así, la cadena de mando de Carabineros más el Gobierno a través de las autoridades a cargo de las policías y de los permisos necesarios para este tipo de eventos, serían responsables de la tragedia, tanto como el chofer del carro lanza gases, que sin duda se salió de todo protocolo, pero ¿cuáles fueron sus órdenes? ¿Cuál es su formación respecto a esta tarea profesional? ¿Dónde está el supuesto de que Carabineros de Chile está para proteger a las personas, aún cuando resguarda el orden público?
Es de esperar que los vicios sistémicos no se extiendan a la investigación judicial en curso, por el bien de la sana convivencia. Sobre todo ahora que CIPER Chile publica una filtración de grabaciones policiales al momento de la tragedia, que dejan muy claro que los carabineros supieron de inmediato que el atropello fue como lo cuentan los testigos civiles.
Esta noticia también da cuenta de la declaración del acompañante de Martina, que dice que escapaban del efecto del gaseo del zorrillo policial cuando Martina chocó con Mylan y se cayeron. Mientras ambos jóvenes estaban en el suelo y Martina intentaba incorporarse, el carro lanza gases les atropelló, pasándoles completamente por encima, sin haber disminuido la velocidad y sin detenerse a prestarles auxilio.
Luego de la revelación de CIPER el Instituto de Derechos Humanos chileno, procede a levantar una querella criminal en contra del personal de Carabineros que resulte responsable por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, más otra denuncia por obstrucción a la investigación.
Con este decante de hechos, da la impresión de que hay esperanza para que Mylan y Romina tengan justicia a pesar de que no lo sabrán porque se les quitó la vida.
Pero, sigue y probablemente seguirá habiendo personas que acepten y esparzan livianamente el argumento de que si las víctimas no portaban sus entradas y eran parte de la turba concertada para entrar sin pagar al estadio, no serían tan víctimas.
Es hora de que esas personas entiendan de que la vida de cualquier ser humano está muy por encima de las faltas e incluso delitos que se les pueda endosar.
La sociedad en la que vivimos insiste en querer enseñarnos que la propiedad material de las personas o de las empresas, está por sobre la vida humana. Pero esto no es así, ni debemos permitir que lo sea. Los bienes son recuperables o intercambiables, pero la vida de las personas no es objeto de cambio y una vez perdida es imposible de recuperar.
Una de las reflexiones que debería quedar de esta experiencia, es que si el combate por la seguridad pública y el resguardo a la propiedad privada, tan prostituidas políticamente, son o no compatibles para una sana convivencia entre la población y la institución. De la manera en que hasta ahora se aborda este problema en nuestro país, es evidente que no son compatibles y por lo mismo un cambio de eje de solución, es imprescindible si queremos que este tipo de hechos no se repita una y otra vez.