Autora: Marlene Núñez Ramírez
Aniversario de una gesta popular espontánea y acéfala
El alzamiento popular ocurrido hace 6 años en Chile y sostenido por alrededor de cuatro meses, comenzó el 18 de octubre de 2019, aunque los estudiantes se estaban manifestando en contra del alza del metro, desde antes de esta fecha. Pero ese día el metro santiaguino dejó de funcionar, porque según informaron los medios de comunicación hegemónicos, se produjeron explosiones e incendio de su infraestructura crítica. Se han cumplido 6 años y aún no se aclara ese incidente. No obstante a partir de esta acción escaló una ola de protestas efervescentes, a la que la prensa bautizó como Estallido Social.
Sabemos que los medios de comunicación suelen estar cooptados por el poder económico reinante. En nuestro país, son instrumento heredado del poder establecido por la fuerza desde hace 52 años, con el Golpe Civil Militar, la posterior dictadura de Augusto Pinochet y después, continuado por los gobiernos supuestamente democráticos de “el partido del orden”, es decir, de los administradores del sistema neoliberal impuesto, cualquiera sea su tendencia política.
La historia nos dice que la hegemonía estadounidense usó a nuestro país como laboratorio de implementación de este modelo económico, antes de que fuese empujado de distintas maneras coercitivas también, en este y en otros continentes, por los globalizadores del mundo.
El 6º aniversario de esta inestabilidad social sin precedentes, por su masividad, duración y extensión nacional; se vive en la casi consolidación plena de la reacción oficialista, que probablemente acabe en un gobierno de extrema derecha, por los siguientes 4 años. A menos que el empresariado monopólico y oligopólico nacional e internacional, adueñados de nuestro país, consideren que la candidata Jeannette Jara, a pesar de que sea militante del Partido Comunista de Chile, sea la mejor opción para seguir administrando el sistema neoliberal, en la tan buscada paz social.
Las candidaturas de derecha no dan garantía de ello, sobre todo porque lo que proponen es seguir minimizando al Estado, desprotegiendo todavía más los derechos sociales, políticos y culturales, hasta incluso amenazando con eliminar algunos avances; propuestas contrarias a los cambios demandados explícitamente por la población alzada hace 6 años atrás y que lejos de estar resueltos, hay legítimo temor de que empeoren.
En este orden de cosas, las expresiones de descontento popular desbordado en un posible gobierno de derecha, son más que probables, por más que hasta ahora se hayan logrado contener, con consecuencias venidas del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado por los representantes de partidos políticos del momento, además de por Gabriel Boric, como Diputado, el 15 de noviembre de 2019; gestión que le permitió a Sebastián Piñera continuar con su Gobierno, además de derivar directa e indirectamente en dos propuestas constitucionales rechazadas, que le dieron nueva vigencia a una Constitución mayoritariamente rechazada, y, también a través de las excesivas restricciones sociales aprovechándose políticamente de la coyuntura de la Pandemia por COVID 19.
La experiencia traumática del oficialismo por el alzamiento popular, aún está presente, porque a pesar de los distintos intentos de ninguneo y de criminalización, de cambio de relato incluso; para quitarle poder, habla de que no parecen estar seguros de haberlo aniquilado completamente.
Medidas legislativas levantadas en el Gobierno de Gabriel Boric, quien llegó a la presidencia aprovechando en su favor la energía vociferante por el cambio estructural que demandaba el alzamiento popular, que para su suerte coincidía con la promesa antineoliberal del Frente Amplio; traicionan definitivamente a la movilización popular, como por ejemplo, la Ley 21.560 conocida como Ley Naín Retamal, que protege el ejercicio de la función policial y de gendarmería o, la Ley 21.633, conocida como Ley Anti Tomas, que “regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución”. Esta ley criminaliza la toma como forma de protesta, criminaliza a los habitantes de tomas y campamentos y criminaliza la restitución de tierras del pueblo Mapuche.
Ambas leyes mencionadas, restringen sin duda el derecho social a la protesta, la protección a los DDHH, el derecho de no estar de acuerdo con lo establecido y de tener canales de legítima y legal expresión.
Además este par de leyes mencionadas y otras diversas legislaciones, como el hecho de haber eternizado la militarización de la Macro Zona Sur, profundizando la criminalización del pueblo mapuche, ubican al Presidente Gabriel Boric y al Frente Amplio, ahora partido único, para poder sobrevivir políticamente; asimilados a su coalición de gobierno, es decir, al oficialismo de los treinta y tantos años o al “partido del orden”, que no hace más que administrar el modelo neoliberal, neocolonial.
Recordemos que en el levantamiento social que conmemoramos, flameaban casi tantas banderas mapuche como chilenas. También flameó la bandera de los pueblos originarios (Wiphala). En la Convención Constitucional hubo escaños reservados para pueblos originarios y se debatió de plurinacionalidad. Elisa Loncon Antileo, de origen mapuche, presidió la Convención.
El levantamiento popular de octubre de 2019, se dio por el hartazgo ante las condiciones de vida precarizados, tanto de la clase trabajadora de bajos recursos como de la clase trabajadora de recursos medianos e incluso altos. Un dato importante, es que fue la clase trabajadora de recursos medianos la que se manifestó más masivamente que la clase trabajadora de recursos bajos; como consecuencia de un estado mínimo, debido al neoliberalismo enraizado, que solamente le permite vivir con dignidad a un porcentaje cada vez más pequeño de los habitantes de nuestro país, la población de más altos ingresos.
Esta desigualdad, de crecimiento exponencial y constante, ha llegado al punto de poder matarnos, socialmente y literalmente. Por la falta de atención adecuada en los hospitales públicos, por la contaminación ambiental, por el sistema alimentario, por la falta de trabajo; en definitiva, por distintos flancos.
Pero, el levantamiento popular también se dio, por la negligencia de la clase gobernante. Por un Presidente que se atrevió a afirmar que Chile vivía en un oasis. Porque el subsecretario de redes asistenciales de la época, Luis Castillo, afirmó públicamente que “Los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio. Algunos de ellos, una fracción de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”. Un modo torpe de explicar el contexto de la aglomeración de personas que se registra en los consultorios de nuestro país desde la madrugada, etc.
Para colmo, la crisis del salto del torniquete, protagonizado por estudiantes secundarios en el metro de Santiago, como protesta por el alza de la tarifa en treinta pesos, provocó que la Ministra del Transporte, Gloria Hutt, dijera que le costaba entender que los escolares reaccionaran así, porque a ellos no les afectaba el alza del pasaje del metro, como si los estudiantes no integraran una familia, ni fuesen conscientes de su realidad económica y política. Los dichos de Clemente Pérez en el desarrollo de las protestas, que dijo “cabros esto no prendió”. La gota que rebalsa el vaso es la intervención del Presidente Piñera extendiendo el Estado de Excepción en casi todo el país, implicando la salida a las calles de los militares y, para peor, se le ocurre decir que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. La población interpretó que el enemigo poderoso referido era ella misma y simplemente se desbocó.
Así, el 25 de octubre de 2019, se manifestaron más de tres millones de personas en todo el país, generándose en Santiago la marcha más grande de Chile, calculándose en ella la presencia de más de un millón y doscientas personas; quedando en un hilo la gobernabilidad del país, bajo la conducción de Sebastián Piñera Echeñique, pero que como ya se mencionó, su gobierno fue salvado por la estrategia institucional partidista del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.
Las conclusiones que se pueden sacar de haber vivido las distintas instancias de evolución y término de este alzamiento popular, es que la institución establecida tiene métodos eficaces más allá de la represión policial, para salir de un peligro de pérdida de privilegios. Hubo una trampa en la salida institucional de un proceso constitucional definido a través de la Constitución vigente, aunque se haya tenido que modificar para poder generarlo. Así, la Convención Constitucional quitó inmediatamente la cualidad destituyente y constituyente de una Asamblea Constituyente como tal.
Cada detalle del plan fue una estrategia importante, como el definir voluntaria la asistencia al plebiscito de entrada y obligatoria, la asistencia al plebiscito de salida, cuando se sabía que casi un 50% del padrón electoral no había votado en años. Se sabía también que esa población era vulnerable a la manipulación mediática. Y tal vez también se sabía que allí había pinochetismo implícito. Porque fue el discurso de Pinochet quien fomentó la apatía política, por obvia conveniencia de la mantención de su mandato tirano.
Otra conclusión apreciable es que no fue solo el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución con su proceso constitucional derrotado, ni el confinamiento por la Pandemia del COVID, los hechos sucesivos que agotaron al levantamiento social de ese momento. También fue el intento de ponerle cabeza a ese movimiento acéfalo. Hubo muchos intentos desde casi todos los sectores políticos administradores del neoliberalismo y desde el antineoliberalismo e incluso desde el anticapitalismo. Todo el espectro político añejo y el nuevo con prácticas añejas, quiso conducir y mantener la democracia representativa. O levantando propuestas para modificarla a lo más con atisbos de democracia participativa, no vinculante.
Pero el levantamiento social no aceptó tener cabeza prestada. Quería generar sustancia desde sí mismo, con acuerdos de forma horizontal, con ejercicios de democracia directa, con el deseable despojo de la democracia representativa. Cuando entendió que esa libertad no se le permitiría o, que ese objetivo no era mayoritario, se esfumó.
Sin embargo, quedaron y permanecen múltiples iniciativas sociopolíticas, brotes atomizados de respuestas de resistencia al modelo, que se suman a las con experiencias añosas, pero se sostienen desarticuladamente. Iniciativas de distintos tipos, como esfuerzos comunicacionales, nuevas ollas comunes u otras acciones solidarias o asistencialistas, acciones de cooperativismo, etc.
Las personas que no conocían la realidad chilena electoral, difícilmente pueden entender el resultado del Rechazo en el primer ejercicio constitucional, que se visualiza como una tontera o como el farreo de una oportunidad de a lo menos iniciar un cambio por esa vía. Pero ese casi 50% del padrón electoral que no votaba, tuvo que hacerlo y esto le rindió a la derecha, que les manipuló con mentiras a través de campañas en medios de comunicación y en redes sociales.
De todas formas, debido a la coyuntura provocada por el alzamiento popular y al voto obligatorio, se supo que, en general, los apolíticos son sujetos neoliberales desclasados, que atentan contra sí mismos, irracionalmente, por no entender que el neoliberalismo es el centro de su opresión y agobio laboral, por ejemplo. El relato de los medios de comunicación les ha concientizado, desde hace 52 años. Están entrenados para aspirar a gozar del sistema neoliberal, sin saber que es la estructura que les perjudica sus vidas.
Del modelo sólo ven la seducción del progreso, sin entender que es a costa de su propia precarización, o, de la precarización de la vida de la mayoría de la gente que habita este país.
Ese sujeto neoliberal apolítico no se ve como clase trabajadora, ni quiere verse así, porque su neoliberalismo es profundo. Está convencido de que el socialismo, el comunismo leninista, marxista o estalinista, son sistemas nefastos y los cree vigentes. Está absolutamente concientizado y seducido por la “libertad” capitalista neoliberal y, por sus lucecitas de colores a las que aspira y ve como posibles de conseguir, si se esfuerza lo suficiente, si se endeuda o si toma atajos. El acceso a la tecnología, está entre sus grandes seducciones, sin entender a priori, que la aplicación de esta en su espacio laboral, le podría hasta quitar su trabajo.
Así las cosas, el octubrismo que insiste en sobrevivir y conmemora, entiende que el camino del cambio profundo es de largo plazo y requiere de mucha paciencia y tesón.
También requiere recordar a sus muertos, lesionados oculares o víctimas de cualquiera de los apremios, vejámenes y violaciones de derechos humanos incluida la prisión política.
Por otro lado, hay que seguir exigiendo justicia y aclaración de hechos como la quema de la infraestructura crítica del metro, que nunca se ha aclarado a pesar de que a esta altura se entiende, que no hay en Chile una organización política popular con las capacidades logísticas para realizar tal acción.